El Gobierno argentino ha establecido un nuevo plazo para avanzar en la privatización de cuatro importantes represas hidroeléctricas. Esta decisión busca no solo facilitar el proceso de venta, sino también permitir una mayor participación de las provincias en la gestión de estos recursos estratégicos.
La nueva prórroga de 15 días fue oficializada mediante el Decreto 263/2025, publicado recientemente en el Boletín Oficial. Este decreto, firmado por el presidente Javier Milei y su gabinete económico, responde a una solicitud de los gobernadores de Neuquén y Río Negro, quienes han solicitado más tiempo para analizar y opinar sobre el proceso de privatización.
Detalles del Proceso de Privatización
Las represas que están en el centro de esta iniciativa son Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Originalmente, estas instalaciones fueron transferidas a nuevas entidades creadas por ENARSA y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) bajo el Decreto 718/2024, que establecía un plazo inicial de 180 días para llevar a cabo el concurso de privatización.
El nuevo decreto también ha modificado este cronograma y ha incorporado a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas como el ente encargado de coordinar el proceso, junto con la Secretaría de Energía. Este cambio busca asegurar que los intereses provinciales sean tenidos en cuenta durante la privatización.
Implicaciones para las Provincias
La privatización de estas represas tiene un fuerte impacto en la región de la cuenca del Comahue, un área clave en la producción de energía hidroeléctrica en el país. Las provincias de Neuquén y Río Negro están presionando para tener un papel activo en la gestión futura de los recursos hídricos y energéticos, garantizando así que sus necesidades y preocupaciones sean abordadas adecuadamente.
El texto oficial destaca que corresponde fijar un plazo de quince días para que las provincias y organismos interjurisdiccionales puedan participar en el proceso, asegurando que se escuchen sus opiniones y sugerencias.
Contexto de la Privatización
La decisión de privatizar estas represas forma parte de un plan más amplio de reforma del Estado impulsado por el presidente Milei. Este plan tiene como objetivo reducir el déficit fiscal y eliminar empresas públicas que se consideran ineficientes. Al abrir la puerta a inversores privados, tanto nacionales como internacionales, el Gobierno busca desregular la economía y fomentar un ambiente más competitivo.
En las próximas semanas, se espera que se definan los criterios de adjudicación, los mecanismos de participación provincial y los compromisos de inversión que deberán asumir los nuevos accionistas mayoritarios, lo que permitirá avanzar en la ejecución de este plan de privatización.
Reflexiones Finales
La privatización de las represas hidroeléctricas no solo representa un cambio en la gestión de recursos energéticos, sino que también refleja un contexto político y económico en evolución en Argentina. Este proceso será crucial para el desarrollo energético del país y para la relación entre el Gobierno y las provincias involucradas.
Para estar al tanto de los últimos avances y detalles sobre este proceso de privatización, es recomendable seguir de cerca las publicaciones oficiales y las actualizaciones del Gobierno. La participación activa de los ciudadanos y de los actores regionales será esencial para asegurar que se tomen decisiones que beneficien a todos los involucrados.
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